Panamá necesita empleados públicos a la altura del siglo XXI: 4 SOLUCIONES SIMULTÁNEAS

Panamá tiene una deuda pendiente con su fuerza laboral del Estado

El crecimiento del Canal, la expansión del hub logístico, el desarrollo de la Zona Libre y la creciente integración de Panamá en los estándares internacionales de gestión pública están generando una presión creciente sobre las instituciones del Estado: los ciudadanos exigen más, los organismos internacionales evalúan más, y la modernización tecnológica avanza más rápido que la capacidad de respuesta del aparato público.

Sin embargo, la formación del servidor público en Panamá sigue siendo desigual, fragmentada y, en muchos casos, inexistente en los niveles de gobierno local. Según datos oficiales, la mayoría de los funcionarios de alcaldías y juntas comunales acceden a sus cargos sin formación específica en administración pública, gestión fiscal ni gobernabilidad local.

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El problema estructural que nadie resuelve

El ciclo quinquenal: cuando la lealtad partidista reemplaza a la competencia profesional

Antes de hablar de soluciones, hay que nombrar el problema con precisión y sin eufemismos. Panamá tiene una herida institucional que se reabre puntualmente cada cinco años, y que afecta con la misma intensidad al Gobierno Central, a las 81 alcaldías y a las 701 juntas comunales de la República.

Nombrarla es el primer paso para superarla.

Cada cinco años, el Estado panameño reinicia desde cero.
Y el costo lo pagamos todos.

Con la llegada de cada nueva administración de gobierno, se repite un patrón que los expertos en gestión pública describen como una de las prácticas más dañinas para el desarrollo institucional de cualquier país: el desplazamiento masivo del personal técnico y administrativo vigente para dar paso a designaciones basadas en afiliación partidista, recomendación política o lealtad al nuevo equipo gobernante. No se trata de casos excepcionales ni de excesos eventuales. Se trata de una práctica sistemática, profundamente arraigada en la cultura política panameña, que se reproduce con metódica puntualidad en cada cambio de gobierno —a nivel nacional, en cada alcaldía y en incontables juntas comunales del país.

Es indispensable hacer una distinción justa y necesaria: no toda designación política es ilegítima. En todo sistema democrático, los gobiernos electos tienen el derecho —y la responsabilidad— de nombrar funcionarios de confianza en los cargos de dirección política y de diseño estratégico. Eso es inherente a la democracia representativa y nadie lo cuestiona. El problema grave, el que daña al Estado y al ciudadano, surge cuando esa lógica de lealtad se extiende —como ocurre con demasiada frecuencia en Panamá— a la mayoría de los cargos técnicos, operativos y administrativos que, por su naturaleza, deberían ser ocupados por personal calificado profesionalmente, con independencia del partido que gobierne en cada período.

Cuando un jefe de departamento, un coordinador de proyectos, un técnico de presupuesto o un gestor de servicios municipales es designado por recomendación política en lugar de por competencia comprobada, el costo no lo asume solo la institución. Lo asume el ciudadano que espera ese servicio, el proyecto que queda sin continuidad técnica, y el país que pierde otra oportunidad de construir un Estado profesional y moderno. La memoria técnica del Estado desaparece cada cinco años: procesos depurados se pierden, expedientes se desorganizan, conocimiento acumulado se diluye, y el nuevo equipo —frecuentemente sin formación específica en administración pública o gestión territorial— inicia una costosa curva de aprendizaje en el cargo que puede tomar de seis meses a dos años.

Panamá ha convivido con esta práctica durante décadas. Se naturalizó. Se convirtió en un rasgo casi aceptado del sistema político. Pero en el momento en que el país aspira a ser parte de la OCDE —un club de naciones con los más altos estándares de gobernanza del planeta— esa normalización se convierte en un obstáculo medible, verificable y evaluado por organismos internacionales. No se puede postular a los estándares de la OCDE con un Estado que trata el conocimiento institucional como un bien descartable cada cinco años.

La solución estructural de fondo —la consolidación de la carrera administrativa con ingreso por mérito, estabilidad basada en competencias verificables y protección del servidor técnico ante los cambios de gobierno— es una reforma impostergable que corresponde impulsar al sistema político y a la ciudadanía. Mientras esa reforma avanza, hay una respuesta concreta que cualquier servidor público puede tomar hoy, sin esperar a ninguna ley ni a ningún decreto: formarse profesionalmente en administración y gestión pública.

El funcionario con una titulación acreditada en Administración Pública, Gobernabilidad Municipal o Gestión Pública construye un activo que ningún cambio de gobierno puede confiscar. Su competencia demostrable habla antes que cualquier recomendación partidista. Su capacidad técnica lo hace valioso en cualquier administración, de cualquier color político. Y su formación certificada le otorga una legitimidad profesional que complementa —y en muchos casos supera— el valor de la mera lealtad. Más aún: el servidor público formado es el que tiene más probabilidades de mantenerse y de avanzar, porque las instituciones que necesitan funcionar bien, eventualmente reconocen a quien sabe hacerlas funcionar.

Quién más pierde cuando el Estado falla

Los 15 efectos que el ciudadano y el contribuyente pagan cada vez que el cargo equivocado ocupa el puesto equivocado

Detrás de cada nombramiento por afiliación política en un cargo que debería ser técnico, hay una persona concreta que espera un servicio. Un ciudadano que madrugó, que hizo fila, que sacó turno, que llenó formularios. Un contribuyente que paga sus impuestos puntualmente y que tiene el legítimo derecho de recibir a cambio una gestión pública eficiente, digna y competente. Lo que sigue es una enumeración honesta de lo que esa persona experimenta cuando el sistema falla —y de lo que el país entero pierde cuando esa falla se multiplica en miles de ventanillas, oficinas, alcaldías y juntas comunales a la vez.